Nueva ley de quiebras. Algunas precisiones relativas a su implementación

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Blog Académico

Recientemente,  el 29 de octubre de 2013, se  aprobó  en  el  Senado de la República la Ley que crea una nueva legislación concursal referida a la “Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas Deudoras”. Su tramitación sumó 17 meses. Todo un récor, en relación a otras iniciativas legales de igual o mayor relevancia. En cuanto a su fisonomía básica: su texto hace algunos distingos: Persona y Empresa Deudora (según un criterio puramente tributario); Procedimiento Concursal de Liquidación (común para ambas) de Reorganización (sólo empresa deudora) y de Renegociación (exclusivamente persona deudora). También incorpora nuevos intervinientes: Veedor, Liquidador, Martillero y Árbitro Concursal; suprimiéndose el actual Síndico. Crea el Boletín Concursal, cuya función de publicidad la cumple hoy el Diario Oficial. Asimismo, se muta el sentido y diseño de la Superintendencia de Quiebras; llamada de “Insolvencia y Reemprendimiento”, otorgándosele un rol más protagónico, sobre todo, con respecto a la Persona Deudora en un  Procedimiento Concursal de Renegociación. Claramente en el diseño de ésta se enfatiza más la recuperación del deudor que el tratamiento de su estado de insolvencia, lo que es coherente con el principio de subsidiariedad del estado, llave maestra de nuestro sistema económico. En este mismo sentido, se reafirma la mirada economicista plasmada en el proyecto de Ley, en donde  el juicio concursal se considera como un fenómeno meramente económico destinado a reducir los riesgos asociados a la creación de nuevas empresas, con claro incentivo a la innovación, eficiencia y eficacia empresarial.

Eso sí, hay extremos cuya implementación está pendiente, de ahí su vacancia legal de 9 meses hasta su entrada en vigencia: puesta en marcha del Procedimiento de Renegociación de la Persona Deudora ante la nueva Superintendencia, adecuada capacitación de los Tribunales, ajustes administrativos y legales al interior de la nueva Superintendencia como también una exitosa incorporación de los nuevos intervinientes; entre otros.

Al final, tampoco puede olvidarse el “uso” (o “abuso”) que deudores como acreedores puedan dar a la nueva Ley, sobre todo en el caso de una “persona deudora”; aspecto a considerar a la hora de su evaluación.

Mauricio Ortiz Solorza
Profesor de Derecho Comercial
Universidad Católica de la Santísima Concepción