Indebido Proceso en Acusación Constitucional

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Blog Académico

Las acusaciones constitucionales de antiquísima data en nuestro país, forman parte de lo que la doctrina y jurisprudencia denomina derecho procesal constitucional, tema sobre el cual se ha escrito numerosa bibliografía tanto nacional como internacional. En la Constitución de 1980, ha sido regulada en forma más completa que en la anterior Constitución de 1925, y en especial, en el capítulo IV de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, además, de los reglamentos de ambas Cámaras.

La acusación es un proceso jurídico matizado con aspectos propios de la dinámica política, cargado muchas veces de pasiones, envidias, odios, venganzas, ansias de poder, etc..

Sin embargo, estamos en presencia del ejercicio de la justicia a nivel constitucional.  Si bien es cierto,  no se trata de procesos penales, civiles o de otra naturaleza, la acusación no puede quedar fuera de lo que se denomina “El Debido Proceso”, regulado en la Constitución en el art. 19 No. 3, inciso 6 y en innumerables otras disposiciones de tipo constitucional, legal y también en los tratados internacionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido ocasión de pronunciarse con relación al art. 8 de la Convención de San José de Costa Rica, señalando que las garantías judiciales no sólo son exigibles en los procedimientos de la justicia ordinaria sino ante cualquiera otro, cuyo es el caso de los procesos constitucionales. Así lo dijo en el fallo del 31.01.2001, contra Perú.

La Constitución señala que el Senado conocerá de las acusaciones que entable la Cámara de Diputados y resolverá como jurado, limitándose a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.

Actuar como jurado significa que los Senadores participan como verdaderos jueces actuando en conciencia, con razonabilidad, con equidad, con imparcialidad e independencia en el conocimiento y en la decisión del pleito constitucional.

Nuestro T. Constitucional ha elaborado en los últimos 7 años, una fecunda e importante jurisprudencia sobre el contenido y alcance del debido proceso legal, revolucionando profundamente el derecho público y con amplios alcances al resto del ordenamiento. Util sería que muchos Senadores  estudiaran estas sentencias.

Por todo lo anterior, nos causa estupor y asombro, examinar las Actas de las Sesiones 14 y 15 del martes 16 de abril del presente año (que figuran en internet), en donde se encuentra el listado íntegro de los Senadores que asistieron a dichas Sesiones. No asistió el Senador Sr. Alejandro Navarro B.. En éstas el Senado se ocupó de la acusación constitucional presentada contra el Ministro Sr. Beyer. Se escuchó en primer lugar la relación del caso por el Sr. Secretario del Senado, y a  continuación, la acusación de los Diputados de la Comisión Especial. (Sesión No. 14).

En la siguiente Sesión se continuó con el tema y comenzó la defensa del Sr. Beyer hasta su finalización.  Esto es, en las Sesiones 14 y 15, podríamos decir que se realizó la relación y los alegatos de la acusación.
Sin embargo, en la Sesión No. 16, celebrada el día siguiente (17.04.13) aparece concurriendo el Sr. Navarro, fundamentando extensamente su voto favorable a la acusación: “no somos el poder judicial, somos el poder legislativo…”

La circunstancia de no haber participado desde el comienzo del pleito constitucional en su calidad de Senador y juez y sólo llegar abruptamente a votar, implica un gravísimo vicio que en nuestra opinión, anula en la categoría de derecho público, todo el procedimiento de destitución del Ministro.

En ningún tribunal colegiado del mundo, se puede concebir la circunstancia de que un juez no concurra a la vista de la causa y vote de una u otra manera, sin imponerse del contenido y las argumentaciones de los actores del juicio.
Lo que afirmamos sería una aberración e inconcebible en un Pleno de la Corte Suprema, del T.  Constitucional o de las Cortes de Apelaciones. Un claro atentado y violación del estado de derecho y democrático constitucional.

“El principio de inmediación” así lo señala claramente, en nuestro país, en materia de juicio oral, de familia y otros. El art. 768 No. 3, del C.  Proc. Civil, señala como causal de casación de forma el que una sentencia se haya acordado en un tribunal colegiado con la concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la causa. Y esta vista de la causa en materia constitucional está claramente señalada en los arts. 47 y sgtes. de la Ley Orgánica del Congreso.

En conclusión, es un hecho indesmentible que el aludido Senador no concurrió a las Sesiones en que fue formalizada la acusación y se formuló la defensa del Ministro, incluido el derecho a réplica y dúplica. En consecuencia, estaba impedido de asistir y votar en las sesiones posteriores, lo que vicia el procedimiento con la nulidad de derecho público, sancionada en el art. 7 de la C.P..

Es un pésimo precedente ante la historia de Chile, independientemente de toda consideración de tipo político. No es posible que las miles de garantías que se le otorgan diariamente a los delincuentes más destacados y repudiables no se le otorguen a un Ministro de Estado.

Fernando Saenger Gianoni
Jefe del departamento de Derecho Público