Uniones de Hecho y Derecho de Familia

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Blog Académico

Sergio Galaz Ramírez
Profesor de Derecho Civil, UCSC.

Ante la difundida cifra de 2 millones de personas que conviven fuera del matrimonio, ha surgido una serie de proyectos legislativos tendientes a dar organización jurídica a estas uniones de hecho. Desde el año 2.003 a la fecha, un total de 11 proyectos de ley, de los cuales 5 continúan en tramitación, incluyendo al recientemente ingresado al Congreso por el Gobierno. Todos los proyectos, en mayor o menor medida, crean una institución semejante al matrimonio, y abierta a parejas hetero y homosexuales, bajo diversas denominación (uniones de hecho, pacto de unión civil, de vida en común, de vida en pareja… etc.).

Los fundamentos comúnmente invocados en las mociones legislativas consisten, en síntesis, en la necesidad de erradicar una discriminación que ante la realidad social actual se presenta como arbitraria, por cuanto se margina a estas personas de los beneficios que (ahora aparecen como privilegios) del matrimonio, especialmente los patrimoniales. Se menciona también con frecuencia que las tendencias internacionales se dirigen en tal sentido.

Las proyecciones de la incorporación de estas uniones en el sistema jurídico trascienden al solo reconocimiento de un interés de orden afectivo y patrimonial, que pudiere presentarse como legítimo. En efecto, alteraría con mayor o menor intensidad (según el contenido de los proyectos) a la estructura jurídica de la familia. Tratándose de uniones heterosexuales, el pacto se presentaría como una alternativa al ya debilitado matrimonio, con la cual se profundizaría en la tendencia a sujetar la permanencia del vínculo a la sola voluntad de las personas, ya que todos los proyectos contemplan el término de la unión por la voluntad unilateral, y sin necesidad de justificación, de una sola de las partes. Y en cuanto a uniones homosexuales, se presenta la problemática disyuntiva de admitir su -hasta ahora- rechazada incorporación como nueva forma jurídica de familia, o establecer una especie de relación jurídica de carácter afectivo-patrimonial, pero extraña a las relaciones de Derecho de Familia.

Visto el panorama de diversas naciones que han enfrentado estas disyuntivas, los pactos de uniones civiles se presentan como una genuina alternativa al matrimonio homosexual, con lo cual se pretende -en diversos grados- establecer un límite en su contacto con las instituciones del Derecho de Familia.  Uno de los aspectos más relevantes de esta delimitación se presenta en la viabilidad de la adopción de hijos, especialmente en las uniones homosexuales.

En síntesis, se aprecian los siguientes elementos comunes en los diversos proyectos: a) Naturaleza jurídica de la institución. Generalmente se organizan bajo la forma un contrato o convención. En algunos  proyectos se declara expresamente que no se altera el estado civil de las partes. b) Personas que podrían celebrarlas. Es común en los proyectos que se limite a dos personas naturales mayores de edad, de distinto o del mismo sexo. Las inhabilidades se establecen atendiendo motivos de minoridad, vínculo matrimonial o pacto de unión civil vigentes, o parentesco cercano. En ciertos casos se agrega la privación de la libre administración de bienes. c) Formalidades para su celebración. Se establece con frecuencia que el pacto pueda celebrarse por escritura pública, y algunos permiten celebrarlo ante un Oficial de Registro Civil. Se exigen también medidas de publicidad, como la inscripción en registros especiales. d) Causales de extinción. Coinciden los proyectos en contemplar como causales: la muerte natural o presunta de una de las partes; el matrimonio posterior de las partes entre sí, o de una de ellas con un tercero; el mutuo acuerdo;  la voluntad unilateral de una de las partes. Algunos proyectos agregan otras causales, siendo la más común, la declaración judicial de nulidad. e) Efectos patrimoniales (organización jurídica de los bienes, derechos y beneficios patrimoniales asociados al pacto).  En esta materia se aprecia una mayor diversidad de criterios y desarrollo de contenidos. Algunos proyectos simplemente aplican los regímenes matrimoniales (excluida la sociedad conyugal), y hacen en mayor o menor medida extensivos al pacto los efectos patrimoniales del matrimonio (por ejemplo, derecho de alimentos, compensación económica, etc.). En otro extremo, se establece una simple comunidad de bienes con un relativo grado de independencia de patrimonios. Se hacen generalmente extensivos los derechos del cónyuge a los contratantes del pacto en diversas materias como seguridad social y sucesión por causa de muerte. f) Efectos personales. Se dejan ver, también aquí, algunos contrastes entre los proyectos. Comúnmente se establece el deber de ayuda mutua; algunos hacen aplicables todos los deberes conyugales salvo los incompatibles con la naturaleza del pacto; por último, otros no mencionan deberes personales.

En síntesis, los diversos proyectos se orientan en una dirección común, la de establecer un reconocimiento legal de las relaciones afectivas diversas del matrimonio, pero que en mayor o menor grado se asimilan a éste. El problema de mayor relevancia jurídica consiste, en mi concepto, en la ausencia (en todos los proyectos) de una clara delimitación de ámbitos: por una parte, el de estas relaciones afectivas; y por otra, el de la familia reconocida y amparada constitucionalmente como el núcleo fundamental de la sociedad. La historia de la carta fundamental da cuenta de que la noción de familia que ha seguido es la correspondiente a la civilización occidental cristiana, basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es probable que la cuestión de constitucionalidad se presente en la discusión legislativa.

Por último, no se aprecia con claridad la conveniencia del pacto para uniones heterosexuales, ya que los beneficios patrimoniales tan anhelados siguen siendo menores que los que ofrece el matrimonio, cuya tradicional indisolubilidad no se presenta ya como un real obstáculo para las personas que se resisten a tal sujeción, dada la inclusión reciente del divorcio vincular. Sólo en un punto aparecería el pacto como más “ventajoso” en este sentido: no se requiere de un juicio de divorcio; basta manifestar unilateralmente la voluntad revocatoria con la solemnidad que exija la ley. Así las cosas, los proyectos de unión civil velan su principal interés, el reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales.

Este es en mi concepto el auténtico punto en que debería centrarse la discusión legislativa y social. ¿se las reconoce como una forma de familia, con lo cual no cabría luego establecer ninguna limitación en el Derecho de Familia (matrimonio, adopción, procreación asistida, etc…); o se las mantiene al margen de estos efectos, reconociéndoles tan solo efectos patrimoniales derivados de la comunidad de vida afectiva.